Estados Unidos proyecta una imagen extraña cuando se mira desde España. Por un lado, puentes deteriorados, transporte público irregular, cobertura sanitaria fragmentada y servicios locales muy desiguales. Por otro, un gasto militar gigantesco, un Estado federal que mueve billones de dólares y una capacidad de endeudamiento que ningún otro país tiene en la misma escala. La intuición europea suele simplificar esa contradicción así: EEUU gasta mucho en defensa y poco en lo demás. Los datos dicen otra cosa.

La comparación útil no es entre un país con Estado y otro sin él. Tampoco entre un modelo austero y otro expansivo. La comparación útil es entre dos formas muy distintas de organizar el gasto público, financiarlo y traducirlo en servicios. España dedica una proporción mayor de su PIB al gasto público total. Estados Unidos, aun con un peso menor sobre la economía, moviliza cantidades enormes y concentra parte muy relevante de ese esfuerzo en pensiones, sanidad pública para mayores y rentas bajas, defensa e intereses de la deuda. El problema no es solo cuánto gasta, sino cómo lo hace y con qué resultados.

Ese 37,9% del PIB en Estados Unidos frente al 45,3% en España sitúa a España como una economía con un sector público más grande en términos relativos. Pero el dato, por sí solo, explica poco. Hay que separar al menos cuatro cuestiones: qué administra cada nivel de gobierno, en qué se concentra el gasto, cómo se recauda y qué papel juega la moneda en la financiación de la deuda.

Comparar presupuestos exige comparar niveles de gobierno equivalentes

Uno de los errores más habituales es enfrentar el presupuesto federal de Estados Unidos con el presupuesto del Estado español como si fueran estructuras equivalentes. No lo son.

En España, aunque el gasto está descentralizado entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, existe una arquitectura bastante reconocible de servicios públicos universales. La sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia o las infraestructuras básicas forman parte de un sistema donde el ciudadano identifica con relativa claridad qué prestaciones existen y quién debe garantizarlas, aunque luego haya diferencias territoriales y problemas de gestión.

En Estados Unidos, la fragmentación es mayor. El nivel federal financia o cofinancia grandes programas, pero buena parte de la experiencia cotidiana del Estado depende de estados, condados, ciudades y distritos especiales. Educación primaria y secundaria, policía local, transporte urbano, mantenimiento de muchas infraestructuras, bomberos o parte de la red asistencial dependen de esa malla institucional. Eso tiene dos efectos.

El primero es político: la rendición de cuentas es más difusa. El segundo es material: la calidad de los servicios varía mucho más según el territorio. La desigualdad territorial existe en España, pero en Estados Unidos el código postal condiciona con más fuerza la escuela pública disponible, la calidad del transporte, la seguridad del entorno, el acceso sanitario o el estado de las infraestructuras.

Por eso, cuando se dice que EEUU tiene “menos Estado”, conviene precisar. Tiene un Estado menos homogéneo, más descentralizado en la práctica y más desigual en sus resultados.

El peso del Pentágono es enorme, pero no domina por sí solo el gasto público

La defensa ocupa un lugar central en la imagen exterior de Estados Unidos, y con razón. El gasto militar estadounidense supera al de cualquier otro país en términos absolutos y representa una parte muy relevante del presupuesto discrecional federal. Pero si se observa el conjunto del gasto federal, el Pentágono no explica por sí solo el tamaño del presupuesto ni la presión fiscal necesaria para sostenerlo.

Las grandes partidas estructurales del presupuesto federal son otras: Social Security, Medicare, Medicaid, defensa e intereses de la deuda. Es decir, pensiones, sanidad pública para mayores, sanidad para personas con bajos ingresos y otros colectivos elegibles, gasto militar y servicio de la deuda.

Ese reparto desmonta dos tópicos a la vez. El primero, que Estados Unidos apenas gasta en protección social. El segundo, que casi todo el dinero público se lo lleva el ejército. Ninguna de las dos afirmaciones resiste una lectura seria de las cuentas.

La diferencia con España está en la forma de esa protección social. En España, una parte mayor del gasto se canaliza mediante servicios y prestaciones con vocación universal. En Estados Unidos, el gasto social está más segmentado por edad, ingresos, estatus laboral o elegibilidad administrativa. Eso no significa necesariamente menos dinero. Significa un sistema más fragmentado, más costoso de administrar y más difícil de percibir como un contrato común.

Estados Unidos no es un país con poco Estado: es un país donde una parte muy grande del gasto público se organiza de forma fragmentada y desigual.

Sanidad: el mejor ejemplo de que gastar más no garantiza mejores resultados

Si hay una partida donde la comparación con España resulta más clara, es la sanidad. Estados Unidos dedica a sanidad una proporción del PIB muy superior a la de España y, sin embargo, no ofrece cobertura universal comparable ni mejores resultados agregados en indicadores básicos de salud pública.

Aquí importa distinguir entre gasto sanitario total y gasto público sanitario. En Estados Unidos, ambos son altos. El país combina un fuerte componente público —sobre todo a través de Medicare y Medicaid— con un gasto privado muy elevado, primas de seguros, copagos, redes hospitalarias complejas, precios farmacéuticos más altos y costes administrativos muy superiores a los europeos. El resultado es un sistema extraordinariamente caro.

España gasta menos y ofrece un acceso mucho más homogéneo. Eso no elimina sus problemas: listas de espera, déficit de profesionales en algunas especialidades, tensiones de financiación autonómica, envejecimiento y presión creciente sobre atención primaria. Pero el diseño del sistema es distinto. La lógica principal sigue siendo la cobertura general, no la elegibilidad fragmentada.

Este punto es clave para entender por qué un país puede gastar mucho y generar, aun así, una percepción de desprotección. En Estados Unidos, una parte importante del dinero público no se traduce en una experiencia simple de acceso. Se traduce en programas específicos, coberturas parciales y costes finales mucho más altos por acto médico, hospitalización o medicamento.

No es un problema menor de eficiencia. Es una diferencia estructural en la forma de organizar el bienestar.

Infraestructuras: más que falta de inversión, hay un problema de mantenimiento y coordinación

La percepción de deterioro de infraestructuras en Estados Unidos tiene base real. Informes recurrentes de la American Society of Civil Engineers han señalado déficits prolongados en carreteras, puentes, redes de agua, tránsito urbano, puertos, escuelas y otras infraestructuras esenciales. Eso no significa que no haya gasto. Significa que durante años el mantenimiento ha quedado por detrás de las necesidades acumuladas.

También influye la escala territorial y el modelo de urbanización. Mantener redes extensas y dispersas es caro. Y cuando la responsabilidad está repartida entre múltiples administraciones con capacidades fiscales muy distintas, el resultado tiende a ser desigual. Hay áreas metropolitanas con recursos y otras con infraestructuras envejecidas que arrastran décadas de inversión insuficiente.

España tiene otros problemas. Ha invertido mucho en grandes infraestructuras y no siempre con criterios de rentabilidad social impecables. Ahí están los debates sobre aeropuertos infrautilizados, determinadas líneas de alta velocidad o proyectos de escaso uso. Pero en infraestructuras básicas la cobertura es más homogénea y la capacidad de coordinación, mayor.

La comparación deja una lección incómoda para ambos países. Para Estados Unidos, que no basta con tener una economía enorme si no se sostiene el mantenimiento. Para España, que inaugurar mucho no equivale a gestionar bien y que el deterioro puede llegar también cuando la conservación se sacrifica frente a la obra nueva.

España recauda más sobre el consumo y las cotizaciones; EEUU depende más de renta, nóminas y fiscalidad descentralizada

La diferencia entre ambos modelos no está solo en el gasto. Está también en la recaudación.

España se apoya de forma importante en tres pilares: cotizaciones sociales, IRPF e IVA. Esa combinación permite sostener un sistema de prestaciones y servicios relativamente amplio, aunque también genera tensiones conocidas: elevada carga sobre el trabajo, dependencia de las cotizaciones en una sociedad envejecida y un impuesto al consumo que impacta de forma desigual según renta si no se compensa por otras vías.

Estados Unidos tiene una estructura distinta. No existe un IVA federal equivalente al europeo. La recaudación federal descansa sobre todo en el impuesto sobre la renta, los payroll taxes destinados a financiar Social Security y Medicare, el impuesto de sociedades y otras figuras menores. A eso se suma la fiscalidad propia de los estados y gobiernos locales, con impuestos sobre ventas, renta y propiedad que varían mucho según el territorio.

Ese diseño revela una diferencia de fondo. España ha construido una maquinaria fiscal orientada a sostener servicios públicos amplios y relativamente uniformes. Estados Unidos combina recaudación pública con una expectativa mucho mayor de provisión privada o semiprivada en ámbitos esenciales.

Eso explica parte del debate ideológico estadounidense. La resistencia a ampliar ciertos programas no siempre responde a una oposición abstracta al gasto público. A menudo responde al rechazo a que ese gasto adopte la forma de un derecho universal de gestión pública. El coste, sin embargo, no desaparece. Se desplaza hacia primas privadas, deuda médica, financiación local desigual o precios más altos para el usuario.

El dólar da una ventaja real, pero no elimina el coste de endeudarse

La pregunta sobre la deuda es central. Estados Unidos tiene una ventaja que España no posee de forma soberana: emite la principal moneda de reserva internacional.

Eso implica una demanda global sostenida de deuda pública estadounidense. Los bonos del Tesoro siguen siendo el activo refugio por excelencia en gran parte del sistema financiero internacional. En momentos de incertidumbre global, el capital suele buscar dólares y Treasuries en lugar de huir de ellos. Esa posición reduce el riesgo de financiación y permite sostener déficits más altos durante más tiempo.

España juega otra partida. Su deuda está respaldada por la arquitectura del euro y por la existencia del Banco Central Europeo, que ha demostrado capacidad para estabilizar mercados en momentos críticos. Pero España no controla una moneda de reserva global ni puede confiar en una demanda automática de su deuda por razones geopolíticas y monetarias comparables a las de EEUU.

Ahora bien, el privilegio del dólar tiene límites. No convierte la deuda en gratuita. Cuando suben los tipos, el coste financiero aumenta también para Washington. Eso ya está ocurriendo. Los intereses netos de la deuda federal rondan los 880.000 millones de dólares en 2024, una cifra que empieza a competir con las grandes partidas presupuestarias y que reduce margen fiscal futuro.

El dólar permite a Estados Unidos financiarse mejor que a casi cualquier otro país, pero no impide que los intereses acaben devorando espacio presupuestario.

La ventaja, por tanto, es enorme pero no ilimitada. Estados Unidos puede retrasar tensiones que otros países sufrirían antes. No puede abolirlas.

Qué compra España con un gasto público mayor sobre PIB

El 45,3% del PIB de gasto público en España no significa automáticamente mayor eficiencia. Sí indica una prioridad distinta en la asignación de recursos. El peso del sector público español refleja sobre todo el coste de sostener pensiones, sanidad, educación, desempleo, dependencia, salarios públicos, transferencias e inversión en infraestructuras y servicios.

La principal diferencia frente a Estados Unidos es que una parte mayor de ese gasto se traduce en prestaciones y servicios que el ciudadano reconoce de forma directa. Centro de salud, colegio público, universidad pública, pensión, subsidio de desempleo, farmacia con copago regulado, atención a la dependencia, transporte subvencionado. Después puede discutirse la calidad concreta de cada servicio, la desigualdad territorial, la burocracia o la infrafinanciación de determinadas áreas. Pero la traducción del gasto a derechos es más visible.

En Estados Unidos, una parte mayor del esfuerzo público se diluye en una estructura menos transparente para el usuario medio: seguros, cofinanciaciones, incentivos fiscales, programas condicionados, precios sanitarios muy altos, gasto local desigual y costes administrativos superiores. El dinero está en el sistema, pero no siempre se percibe como servicio garantizado.

Ese contraste ayuda a entender por qué un país con menor gasto público relativo puede dar la impresión de gastar muchísimo sin ofrecer una red comparable de certezas cotidianas.

Lo que España sí debería mirar de cerca en la experiencia estadounidense

Comparar no sirve para confirmar prejuicios nacionales. Sirve para detectar riesgos y aprender.

La primera lección es que el volumen de gasto importa menos de lo que suele decir la política si no se acompaña de diseño institucional, evaluación y coordinación. Estados Unidos demuestra que se puede movilizar una cantidad inmensa de recursos y obtener resultados mediocres cuando el sistema está fragmentado, captura rentas intermedias o paga precios excesivos por bienes y servicios esenciales.

La segunda es la necesidad de una conversación presupuestaria más precisa. En Estados Unidos existe una cultura técnica de seguimiento fiscal muy desarrollada: Congressional Budget Office, Government Accountability Office, documentos del Tesoro, estimaciones plurianuales, análisis de impacto presupuestario. España ha mejorado en transparencia, pero el debate público sigue siendo con demasiada frecuencia superficial: más gasto frente a menos gasto, sin suficiente discusión sobre composición, eficacia y evaluación.

La tercera lección tiene que ver con el mantenimiento. El deterioro no aparece de golpe. Se acumula. Y cuando se convierte en problema visible, la reparación suele ser mucho más cara. España no está vacunada contra ese riesgo.

Lo que sería un error importar

También hay aprendizajes por contraste. España haría mal en avanzar hacia una fragmentación extrema de servicios esenciales. Cuando la sanidad, la educación o el transporte dependen en exceso de la capacidad fiscal del territorio, la desigualdad deja de ser una anomalía y se convierte en estructura.

Tampoco hay razones para idealizar la provisión privada como solución general. La sanidad estadounidense es el ejemplo más claro de que la competencia, sin regulación suficiente y sin control de precios, puede producir un sistema más caro y no necesariamente mejor.

Y hay un tercer error posible: creer que el margen de endeudamiento de Estados Unidos es replicable. No lo es. España opera dentro de una unión monetaria que ofrece protección, pero también disciplina. La sostenibilidad fiscal no debería entenderse como un reflejo austeritario, sino como una condición para sostener servicios públicos sin quedar expuestos a cambios bruscos en tipos, crecimiento o confianza inversora.

La cuestión decisiva no es cuánto gasta un país, sino cuánto de ese gasto acaba convertido en servicios fiables, derechos exigibles y costes asumibles para la mayoría.

La diferencia real está en la traducción del presupuesto

Si se ordenan los datos, la imagen cambia bastante respecto al tópico inicial. Estados Unidos no es un país que apenas gaste fuera del ámbito militar. Tiene un gasto público considerable para el tamaño de su economía, un presupuesto federal gigantesco y grandes compromisos en pensiones, sanidad y deuda. España no es simplemente un país que gasta más porque tenga un Estado más generoso. Es un país que ha optado por una provisión más universal y visible de servicios, financiada con una carga pública mayor sobre la economía.

La comparación, por tanto, no va de caricaturas ideológicas. Va de arquitectura institucional. De qué parte del gasto se descentraliza, qué parte se universaliza, qué parte se encarece por diseño y qué parte se financia gracias a una ventaja monetaria excepcional.

Eso deja una conclusión menos vistosa que el tópico, pero más útil. El problema central no es el tamaño del Estado en abstracto. Es su capacidad para convertir recursos en resultados reconocibles. Ahí es donde se separan los sistemas que gastan de los sistemas que, además, consiguen sostener una idea operativa de ciudadanía.