Un juez y un policía salen del despacho para hablar en el pasillo porque temen que haya micrófonos ocultos. No es una escena de una serie mala sobre cloacas del Estado. Es el relato que hizo Manuel Morocho, principal investigador de Gürtel, sobre cómo trabajaba con el juez Pablo Ruz durante los años en que la corrupción del poder político y económico parecía tener tentáculos en demasiados sitios a la vez. Si un instructor y un investigador creen que dentro de la Audiencia Nacional no pueden hablar con seguridad, el problema ya no es solo un caso penal. El problema es el ecosistema.

Eso es lo que conviene mirar cuando se habla de corrupción de las élites: no el soborno aislado, no el político que mete la mano y acaba en portada, sino el momento en que la corrupción deja de ser una patología y empieza a comportarse como una infraestructura. Cuando se intrinca —la palabra importa— en instituciones, tribunales, cuerpos policiales, administraciones y medios que deberían vigilar al poder, deja de funcionar como excepción. Se convierte en método de gobierno, en red de autoprotección, en pedagogía del miedo.

Y ahí aparecen dos piezas decisivas del tablero contemporáneo. La primera es el lawfare: el uso instrumental de procedimientos judiciales, filtraciones, tiempos procesales y aparatos del Estado para desgastar adversarios, bloquear decisiones políticas o fabricar sospecha permanente. La segunda son los pseudomedios: plataformas con apariencia periodística que no informan, sino que operan; no fiscalizan al poder, sino que participan en sus guerras; no viven de la confianza del lector, sino de subvenciones, publicidad institucional o financiación opaca alineada con intereses partidistas y empresariales.

La pregunta no es solo moral. Es institucional. ¿Qué le pasa a un país cuando quienes deberían controlar al poder acaban siendo colonizados por él? ¿Cómo se mide ese deterioro? ¿Y dónde está España si se compara con otras democracias?

La corrupción sistémica no roba solo dinero: roba realidad

La corrupción clásica se entiende bien: comisiones, contratos amañados, favores urbanísticos, mordidas. Tiene algo de contabilidad criminal. La corrupción sistémica es otra cosa. No se limita a extraer rentas del sector público; reorganiza el funcionamiento del Estado para garantizar impunidad, castigar disidencias internas y moldear el relato público.

Eso es lo que asoma en casos como Gürtel y Kitchen. En el primero, una trama de financiación ilegal, adjudicaciones y favores políticos acabó describiendo una manera de gobernar. En el segundo, la presunta utilización de recursos del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del partido en el Gobierno, Luis Bárcenas, con el objetivo de sustraer información comprometedora, dibujó algo todavía más grave: la posibilidad de que aparatos del Estado se pusieran al servicio de intereses partidistas.

La declaración de Morocho es reveladora precisamente por eso. No habla solo de un investigador presionado, sino de un entorno en el que se sospechaba de escuchas, boicots, intentos de desmantelar equipos y ofertas de destinos mejor pagados para apartar a quien estaba tirando del hilo. Cuando la maquinaria institucional empieza a hostigar a quien investiga la corrupción en lugar de protegerlo, la señal es inequívoca: el sistema está defendiendo a los suyos.

No hace falta demostrar una conspiración total para entender el daño. Basta con observar el efecto agregado. Funcionarios que aprenden que indagar demasiado sale caro. Jueces que trabajan bajo ruido y presión. Policías honestos convertidos en anomalía. Periodistas expuestos a campañas de intoxicación. Ciudadanos que acaban pensando que todo está podrido y que, por tanto, nada merece ser defendido. Esa es una de las victorias más eficaces de la corrupción estructural: no solo captura recursos, también erosiona la idea misma de verdad compartida.

La corrupción más peligrosa no es la que roba dinero público, sino la que convence a un país de que la verdad ya no importa.

Cuando las cloacas se vuelven una política de Estado

España conoce bien la palabra “cloacas”, quizá demasiado bien. El problema de usarla tanto es que a veces parece un concepto brumoso, casi literario. Pero detrás hay prácticas muy concretas: policías paralelas, dosieres, seguimientos, pinchazos, operaciones de desprestigio, filtraciones selectivas, causas impulsadas o amplificadas en momentos políticos oportunos.

La trayectoria de José Manuel Villarejo es central para entender ese subsuelo. Durante años apareció como una bisagra entre negocios privados, aparatos policiales, información sensible y guerra sucia reputacional. Su nombre ha atravesado causas vinculadas a grandes empresas, dirigentes políticos, comisarios, periodistas y operaciones de inteligencia de frontera difusa entre lo legal y lo ilícito.

El episodio del Windsor sigue siendo un símbolo incómodo. En 2005 ardió el edificio madrileño donde estaba la sede de Deloitte. Años después, distintas informaciones periodísticas recuperaron documentos atribuidos a trabajos de Villarejo para el BBVA donde aparecía la frase “Eliminar rastros documentales de la la Firma de Auditoría alojada en la planta en la que inició el incendio”. El contexto era explosivo: la Fiscalía Anticorrupción había pedido documentación sobre FG Valores (propiedad del dueño del BBVA) y, tras el incendio, Deloitte comunicó que los papeles se habían destruido. Conviene ser precisos: ni la policía ni la justicia demostraron que el incendio fuera intencionado ni que se provocara para destruir pruebas. Pero el mero hecho de que esa hipótesis haya podido parecer verosímil para una parte de la opinión pública ya habla de una época.

Más aún cuando testimonios posteriores, como el del empresario Luis del Rivero (entonces CEO de Sacyr), describieron campañas mediáticas “brutales”, presiones institucionales, seguimientos y una sensación de vulnerabilidad total en torno a la batalla por el control del BBVA. Del Rivero llegó a decir que desistió de la operación “cuando vi arder la Torre Windsor”. Puede discutirse su interpretación, sus intereses o sus lagunas. Lo relevante es el paisaje de fondo: un país donde grandes poderes económicos perciben que la lucha corporativa puede librarse con policía, reguladores, filtraciones y medios de comunicación alineados.

Ahí la corrupción deja de ser un asunto de sobres para convertirse en una tecnología de poder.

Lawfare: la justicia como campo de batalla, no como garantía

El término lawfare se usa a veces con ligereza, como comodín para descalificar cualquier investigación judicial incómoda. Ese abuso no debería hacernos perder de vista el fenómeno real. El lawfare existe cuando el aparato judicial o parajudicial se usa estratégicamente para producir efectos políticos aunque el caso acabe archivado, decaiga o nunca llegue a condena.

Su fuerza no reside solo en la sentencia. A menudo reside en el proceso: la apertura de diligencias, la filtración interesada, el titular de portada, la comparecencia humillante, la imposibilidad de distinguir entre imputación y culpabilidad en el consumo mediático acelerado. Aunque años después llegue la exoneración, el daño reputacional, electoral o profesional ya está hecho.

No es un mecanismo exclusivo de España, ni de una sola ideología. Brasil con Lula, la instrumentalización judicial en varios países latinoamericanos, Hungría y Polonia con la colonización partidista de la justicia, o incluso Estados Unidos con la judicialización extrema de la política muestran variantes distintas del mismo problema: cuando los tribunales dejan de percibirse como árbitros y pasan a ser vistos como armas, la democracia se encoge.

En España, el debate sobre el lawfare suele contaminarse por la pelea partidista inmediata. Error. No se trata de blindar a políticos frente a jueces, sino de defender una idea más exigente: una justicia independiente, con tiempos razonables, sin incentivos perversos para la filtración, sin jueces estrella convertidos en actores mediáticos y sin puertas giratorias informales entre poder judicial, político y económico.

El problema aparece cuando confluyen tres elementos: causas de enorme impacto público, medios dispuestos a publicar cualquier material sin suficiente contraste y actores policiales o institucionales que entienden la investigación como herramienta de combate político. Entonces la verdad judicial queda subordinada a la eficacia narrativa.

Y eso tiene una consecuencia devastadora: la ciudadanía ya no sabe si una causa existe porque hay indicios sólidos o porque alguien necesitaba abrir una fase de desgaste. La sospecha se universaliza. También sobre los casos reales.

El lawfare no necesita siempre una condena. Le basta con convertir el proceso en castigo y la sospecha en atmósfera.

Pseudomedios: propaganda con plantilla y factura pública

La degradación institucional no se entiende sin su brazo narrativo. En los últimos años, España ha visto proliferar medios de baja calidad informativa que viven menos de sus lectores que de sus alianzas. Algunos funcionan como aparatos de partido externalizados. Otros como negocios publicitarios sostenidos por administraciones amigas. Otros mezclan desinformación, activismo y guerra cultural con una estética de redacción profesional.

El problema no es ideológico. Hay pseudomedios de distintas familias políticas. El problema es estructural: cuando una parte del ecosistema mediático depende de publicidad institucional, subvenciones o contratos indirectos otorgados por gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresas públicas o entramados empresariales próximos al poder, la frontera entre periodismo y operación se vuelve porosa.

España no es una excepción. En muchos países europeos la publicidad institucional se usa como herramienta de premio y castigo. Pero aquí se añade un mercado mediático frágil, con ingresos publicitarios menguantes, precariedad en redacciones y una competencia digital que favorece el escándalo antes que la verificación. El resultado es una tormenta perfecta: piezas fabricadas para intoxicar, amplificadas en redes, citadas luego por tertulias, recicladas por actores políticos y, a veces, incorporadas a procedimientos judiciales como si el ruido fuera evidencia.

No es casual que tantas operaciones de descrédito compartan patrón: una filtración interesada, una portada agresiva, una cascada de reproducciones acríticas y una conversación pública donde desmentir ya llega tarde. La desinformación contemporánea no busca convencerte de una mentira coherente. Le basta con inundar el espacio de sospechas incompatibles entre sí hasta que renuncies a distinguir.

Y cuando esos pseudomedios están financiados, directa o indirectamente, por administraciones controladas por partidos que a su vez mantienen relaciones estrechas con élites económicas, el círculo se cierra. El dinero público financia altavoces que degradan el debate público para proteger intereses privados. Es una privatización de la esfera pública con cargo al contribuyente.

Cómo se mide el deterioro democrático

Las democracias no se miden solo por celebrar elecciones. También por la calidad de sus contrapesos, la integridad de sus instituciones, la independencia judicial, la libertad de prensa y la confianza pública. Ningún índice lo captura todo, pero juntos ofrecen una radiografía útil.

Índice de Percepción de la Corrupción: el termómetro imperfecto de Transparency International

El CPI de Transparency International puntúa de 0 a 100 la percepción de corrupción en el sector público. España obtuvo 56 puntos en 2024 y se situó en el puesto 46 del mundo. Es un dato mediocre para una economía avanzada de la UE. Está lejos de los países nórdicos, que suelen moverse por encima de 80, y también por detrás de democracias europeas como Alemania o Irlanda.

Hace una década, España ya había sufrido un deterioro notable por la acumulación de escándalos ligados a financiación irregular, urbanismo, cajas de ahorro y redes clientelares. La recuperación posterior ha sido limitada. No estamos ante un país fallido ni remotamente comparable a sistemas abiertamente capturados, pero tampoco en la zona de confort institucional que a veces nos contamos.

Lo importante del CPI no es solo la cifra, sino lo que refleja: la corrupción percibida no depende únicamente de cuántos delitos se cometen, sino de cuánta confianza existe en que las instituciones investigan, sancionan y previenen sin mirar apellidos.

Democracy Index: elecciones sí, pero no basta

El Democracy Index de Economist Intelligence Unit clasifica a los países como democracias plenas, defectuosas, regímenes híbridos o autoritarios. España sigue figurando como “democracia plena”, con una nota en torno al 8 sobre 10. Eso importa, porque conviene evitar el tremendismo. España no es Hungría, no es Turquía, no es una autocracia electoral.

Pero el mismo índice suele penalizar cuestiones como la confianza institucional, el funcionamiento del gobierno, la cultura política o la participación cívica. Ahí están las grietas. Una democracia puede conservar elecciones competitivas y libertades básicas mientras se deteriora por dentro mediante polarización extrema, colonización partidista de órganos de control y descrédito sistemático del árbitro.

La lección comparada es clara: la degradación democrática en el siglo XXI rara vez entra con tanques. Entra con nombramientos, campañas de desprestigio, reformas técnicas, medios dóciles y saturación de ruido.

Libertad de prensa: no solo censura, también captura

Reporteros Sin Fronteras situó a España en 2024 alrededor del puesto 30 del mundo en libertad de prensa. Es una posición razonable, pero no brillante. Muy lejos de los estándares de los países mejor situados y con problemas persistentes: precariedad, concentración empresarial, dependencia publicitaria, presiones políticas, acoso a periodistas y dificultad para acceder a información pública de calidad.

La libertad de prensa ya no se juega solo en si un gobierno encarcela reporteros. También se juega en si el ecosistema económico permite hacer periodismo incómodo sin asfixia financiera; en si los medios pueden investigar a grandes anunciantes; en si la publicidad institucional se reparte con criterios transparentes; en si la desinformación organizada ahoga a las cabeceras solventes.

Estado de derecho: la métrica que más duele cuando falla

El World Justice Project y los informes de la Comisión Europea sobre Estado de derecho ofrecen otra capa de análisis. España suele puntuar aceptablemente en orden y seguridad o justicia civil, pero arrastra debates recurrentes sobre la independencia percibida del poder judicial, la renovación bloqueada de órganos como el CGPJ y la politización de determinados nombramientos.

No son detalles técnicos. Cuando la ciudadanía percibe que los árbitros están elegidos, premiados o castigados según afinidades, la legitimidad del sistema se resiente incluso aunque muchas resoluciones sean correctas. La independencia no solo debe existir; debe parecer verosímil.

Una democracia no se rompe solo cuando un gobierno controla a los jueces; también cuando demasiada gente cree que ya lo hace.

España en perspectiva: ni excepción virtuosa ni desastre terminal

Conviene resistirse a dos tentaciones simétricas. La primera es el catastrofismo de barra de bar: “esto es una mafia”, “todo está comprado”, “no hay nada que hacer”. La segunda es el autoengaño institucional: “España es una democracia consolidada, así que los excesos son anécdotas”. Las dos posiciones son cómodas porque ahorran pensar.

España combina fortalezas reales con vulnerabilidades persistentes. Tiene alternancia política, elecciones limpias, una sociedad civil activa, jueces y fiscales que han impulsado causas relevantes, unidades policiales que han investigado corrupción de alto nivel y medios que, pese a todo, han destapado escándalos decisivos. Gürtel no se conoció sola. Kitchen no se investigó por generación espontánea. Las tramas de Villarejo no afloraron por cortesía del sistema.

Pero también arrastra una cultura de impunidad selectiva, una relación históricamente demasiado íntima entre poder político y económico, una administración donde el clientelismo local sigue vivo, una justicia lenta y a menudo espectacularizada, y un ecosistema mediático vulnerable a la captura.

Dicho de otro modo: España no está fuera del problema europeo de la erosión democrática, solo lo vive con acento propio. Aquí las redes clientelares no siempre se presentan como ideología; a veces se presentan como normalidad, como “así funcionan las cosas”, como una mezcla de favores, contactos, lealtades y silencios. Esa costumbre es quizá más peligrosa que el escándalo, porque anestesia.

Las consecuencias a largo plazo: un país más caro, más cínico y más frágil

Cuando las élites capturan partes del Estado, las consecuencias no se agotan en la moral pública. Tienen coste económico, institucional y generacional.

Primero, se asignan peor los recursos. Los contratos no van a quien lo hace mejor, sino a quien está mejor conectado. La inversión productiva pierde frente a la extracción rentista. La competencia se deforma. Las empresas sin padrino compiten en desventaja. Eso hace al país menos innovador y menos eficiente.

Segundo, se deteriora la calidad del servicio público. Si los nombramientos premian obediencia antes que mérito, si los órganos de control trabajan bajo presión, si la policía y la justicia cargan con interferencias, la administración se vuelve más torpe y menos confiable.

Tercero, se erosiona la cohesión social. La gente acepta peor pagar impuestos o cumplir normas cuando sospecha que arriba se juega con otras reglas. La desigualdad deja de percibirse como resultado del mercado o de la suerte y empieza a leerse como privilegio amañado. Ahí nace un resentimiento político muy combustible.

Cuarto, se normaliza el cinismo. Y ese quizá sea el daño más profundo. Cuando una sociedad interioriza que la verdad depende del altavoz, que la justicia depende del apellido y que la información depende de quién paga, se vuelve más manipulable. El cinismo no inmuniza frente al autoritarismo; lo prepara. Quien cree que todo es propaganda acaba dispuesto a tolerar cualquier brutalidad si promete limpiar el tablero.

Qué reduce de verdad estos riesgos

No hay vacuna total, pero sí anticuerpos institucionales bastante conocidos. Transparencia radical en publicidad institucional y subvenciones a medios, con criterios objetivos y auditables. Protección real a denunciantes y funcionarios que investigan corrupción. Despolitización de órganos de control y desbloqueo de renovaciones judiciales. Refuerzo de fiscalías y unidades policiales especializadas con autonomía operativa. Leyes de acceso a la información que funcionen de verdad. Y algo menos vistoso pero decisivo: modelos de negocio periodístico menos dependientes del favor público o corporativo.

También hace falta una cultura cívica menos infantil. No basta con indignarse cuando la corrupción la cometen “los otros” y relativizarla cuando beneficia al propio bloque. La doble vara es el fertilizante perfecto de las cloacas. Si solo vemos lawfare cuando afecta a quienes votamos, o pseudomedios cuando desinforman contra nuestra tribu, no estamos defendiendo instituciones: estamos defendiendo bandos.

La prueba de madurez democrática no es denunciar la corrupción ajena. Es aceptar que las garantías deben valer también para el adversario.

España sigue estando del lado de las democracias donde aún hay herramientas para corregir. Pero el margen no es infinito. Los indicadores internacionales no dicen que vivamos en una autocracia; dicen algo más incómodo: que hay señales de desgaste suficientes como para dejar de tratar estos episodios como rarezas del pasado.

Un país no se rompe de golpe. Se va acostumbrando. A que un policía honesto parezca heroico por hacer su trabajo. A que un juez tema hablar en su despacho. A que una campaña de intoxicación parezca una forma más de competir. A que la verdad llegue siempre tarde.

Y cuando esa costumbre se instala, la democracia sigue en pie, sí. Pero empieza a parecerse demasiado a un decorado.