Una empresa despide a cien personas porque un nuevo sistema de IA redacta, clasifica, atiende o programa más barato. Sus competidores hacen lo mismo. En la hoja de cálculo, cada decisión tiene sentido. En la calle comercial de al lado, no tanto: menos nóminas, menos consumo, menos clientes para todos. La paradoja es casi obscena: la tecnología que prometía eficiencia puede terminar estrechando el mercado que debía sostenerla.

Eso es, en esencia, lo que plantea The AI Layoff Trap (https://arxiv.org/pdf/2603.20617), un paper teórico que ha circulado mucho por una razón sencilla: pone nombre elegante a una intuición incómoda. Si cada empresa captura todo el ahorro de automatizar, pero solo soporta una parte del daño que esa automatización causa sobre la demanda agregada, el resultado no es progreso limpio, sino una carrera hacia abajo. Un dilema del prisionero con servidores, despidos y consejos de administración convencidos de que están actuando con racionalidad.

• individualmente: automatizar/despedir tiene sentido • colectivamente: todos estarían mejor conteniéndose • pero como nadie puede fiarse de que los demás se contengan, todos acaban corriendo hacia el mal resultado

La parte interesante empieza cuando uno gira el espejo. Porque esa lógica no solo sirve para pensar en empresas. También sirve para pensar en trabajadores. En el mercado laboral español, no sindicarse suele parecer la opción pragmática: te ahorras cuota, te ahorras exposición, te ahorras el sambenito de conflictivo, y además puedes beneficiarte de mejoras negociadas por otros. El cálculo individual es comprensible. El resultado colectivo, bastante menos brillante: baja afiliación, menor poder negociador, peores salarios, más precariedad y una sensación extendida de que nadie defiende a nadie. • cada empresa automatiza para ganar ventaja relativa; • al final todas lo hacen; • la ventaja relativa desaparece;

• y sólo queda el daño sobre la demanda… es decir: los despidos y dificultades económicas de los trabajadores.

La tesis de fondo es la misma en ambos lados del tablero: cuando los incentivos individuales empujan en dirección contraria al interés colectivo, el mercado no corrige solo. Y si no corrige solo, hace falta algo más que fe en que la tecnología, la competencia o la buena voluntad de las partes terminarán ordenando el caos.

El paper incómodo: automatizar puede ser racional y aun así salir mal

El valor del paper no está en descubrir que la IA puede destruir empleo. Eso ya lo sabíamos, o al menos lo intuíamos. Su aportación es más afilada: incluso si las empresas entienden perfectamente que despedir demasiado reduce la renta de los hogares y, por tanto, el consumo, pueden verse empujadas a hacerlo igual.

¿Por qué? Porque compiten.

En el modelo que resume el análisis disponible, varias empresas simétricas deciden qué parte de sus tareas automatizan. Automatizar abarata costes, aunque cada tarea adicional es más difícil de sustituir que la anterior. Hasta aquí, nada sorprendente. El problema aparece cuando se incorpora algo que a veces se olvida en las conversaciones sobre productividad: los trabajadores no solo son un coste; también son demanda. Cobran salarios, consumen bienes y servicios, pagan alquileres, llenan supermercados, sostienen bares, compran ropa, viajes, suscripciones y, sí, también los productos de esas mismas empresas o de sectores conectados.

Cuando una firma automatiza y despide, se queda con el ahorro. Pero la caída de consumo derivada de esos salarios perdidos no la sufre ella sola: se reparte entre todas. Ahí está la externalidad. Y ahí aparece la trampa.

Si una empresa se contiene mientras las demás automatizan agresivamente, puede quedar en desventaja de costes. Si automatiza también, protege su posición relativa, aunque contribuya al deterioro general del mercado. El resultado agregado es una sobreautomatización: más automatización de la que sería socialmente eficiente e, incluso, más de la que convendría a las propias empresas si pudieran coordinarse.

El paper apunta además tres ideas que conviene no despachar demasiado rápido.

La primera: cuanto mayor es la competencia, peor puede ser el problema. Suena herético en una cultura económica que ha convertido la competencia en talismán universal, pero el mecanismo es lógico. Un actor con mucho peso internaliza mejor el efecto de destruir demanda; un mercado fragmentado permite a cada firma pensar que el daño común es asunto de otros.

La segunda: una IA más potente no garantiza una salida ordenada. Puede acelerar la carrera. Si automatizar se vuelve aún más rentable a corto plazo, el incentivo privado a sustituir trabajo aumenta, aunque el resultado sistémico empeore. La imagen de la Reina Roja —correr cada vez más para quedarse en el mismo sitio— encaja demasiado bien con muchos sectores.

La tercera: no estamos solo ante un conflicto entre capital y trabajo. Según el modelo, también los propietarios pueden terminar perdiendo. No porque se vuelvan altruistas, sino porque un mercado con menos renta salarial puede ser, sencillamente, un mercado peor.

La gran ironía de la automatización mal gobernada es esta: abarata la producción mientras encoge el mundo capaz de comprarla.

España ya conoce esta película, aunque todavía no la llame así

Conviene bajar del modelo a la calle. España no está viviendo una ola masiva de despidos por IA comparable, por ahora, a la caricatura futurista de oficinas vaciadas de golpe. Pero sí arrastra una estructura laboral frágil que hace especialmente delicado cualquier salto tecnológico mal repartido.

Los salarios reales han ido perdiendo fuelle durante largos tramos de las últimas dos décadas, con recuperaciones parciales y muy desiguales. La vivienda se ha convertido en un aspirador de renta disponible. La productividad española lleva años creciendo poco en comparación con otras economías europeas, y cuando mejora no siempre se traduce en mejores sueldos. El empleo ha resistido mejor de lo que muchos preveían tras la pandemia, pero con una composición sectorial donde abundan actividades de bajo valor añadido y una exposición creciente a tareas administrativas, creativas y de servicios que la IA generativa ya está empezando a alterar.

No hace falta imaginar robots humanoides en cada oficina. Basta con observar cómo ciertas tareas se descomponen en módulos automatizables: atención al cliente, documentación, traducción, soporte jurídico básico, diseño rutinario, análisis preliminar de datos, programación repetitiva, marketing de performance, back office financiero. La sustitución rara vez llega como apocalipsis cinematográfico; suele entrar por la puerta lateral de la “optimización”. Primero no se reemplaza a nadie. Luego no se cubren vacantes. Después se externaliza. Más tarde se reestructura. Y un día el departamento es la mitad.

El riesgo macro no es solo que algunas ocupaciones desaparezcan, sino que la renta salarial pierda peso sin que aparezca suficientemente deprisa una nueva capa de empleo de calidad. Ese matiz importa. Porque una economía puede absorber cambios tecnológicos si crea nuevas tareas, nuevas empresas y nuevas rentas. El problema aparece cuando la destrucción va más rápido que la recomposición, o cuando la nueva productividad se concentra en pocos actores mientras el resto ve reducir su capacidad de gasto.

España, además, tiene una dependencia alta del consumo interno en muchos sectores. Si comprimes salarios y empleo en segmentos amplios de clases medias y trabajadoras, no solo sufren quienes pierden el puesto. Sufre la hostelería del barrio, el pequeño comercio, la pyme de servicios, el concesionario, la academia, la clínica dental, la economía entera en su versión menos abstracta.

La otra trampa: por qué no afiliarse parece lógico hasta que deja de serlo

Estos papers se centran en el tejido empresarial y el impacto que pueda tener, pero… ahora cambiemos de lado. Pensemos en un trabajador cualquiera, no en una abstracción heroica. Tiene 38 años, hipoteca o alquiler alto, quizá hijos, quizá padres mayores, una empresa donde la palabra “sindicato” no siempre cae simpática y una sensación bastante española de que meterse en líos sale caro. Mira la cuota sindical, duda de la utilidad, sospecha de estructuras envejecidas, cree que su caso concreto no va a cambiar por afiliarse y, además, sabe algo fundamental: si el convenio mejora o si se pacta una subida, probablemente él también se beneficie aunque no pague ni participe.

Su cálculo individual tiene lógica.

Ese es precisamente el problema.

La afiliación sindical padece desde hace décadas un clásico problema de polizón: los beneficios de la negociación colectiva se extienden más allá de quienes sostienen la organización. Si otros pagan el coste —cuotas, tiempo, exposición, conflicto— y tú puedes recoger parte del resultado, lo racional en términos estrechos es quedarse fuera. Pero si demasiada gente actúa así, el sindicato pierde músculo, capacidad de presión, cuadros, recursos jurídicos, implantación en centros de trabajo y legitimidad. Y entonces lo que parecía una decisión privada inocua acaba rebajando el poder de todos.

España presenta aquí una peculiaridad importante. La cobertura de la negociación colectiva es relativamente alta en comparación con la afiliación. Es decir: mucha gente está protegida por convenios sin estar afiliada. Eso tiene ventajas evidentes, pero también genera un incentivo estructural a no comprometerse. El resultado es una especie de bienestar sindical de acceso casi universal financiado por una minoría. Funciona… hasta que deja de funcionar.

No afiliarse puede ser una decisión sensata para cada trabajador por separado; generalizarla es una forma lenta de desarmarse.

La analogía con la trampa de la IA no es perfecta, pero sí poderosa. En ambos casos, la decisión individual parece razonable porque el coste privado es visible y el beneficio colectivo está difuso. En ambos casos, quien actúa “estratégicamente” puede pensar que evita un sacrificio inútil. Y en ambos casos, si todos hacen lo mismo, el sistema se degrada.

La empresa automatiza porque no quiere cargar sola con costes que sus rivales evitan. El trabajador no se afilia porque no quiere asumir solo costes que otros eluden. Ambos obedecen a incentivos miopes que, sumados, fabrican una derrota compartida.

Lo que solemos decir para tranquilizarnos, y por qué se queda corto

Cuando aparece esta discusión, emergen varios mantras casi automáticos.

El primero: “la tecnología siempre crea más empleo del que destruye”. A veces ha sido cierto en horizontes largos. Pero esa frase, repetida como amuleto, borra tres cuestiones decisivas: cuánto tarda la transición, quién paga el coste intermedio y qué calidad tienen los nuevos trabajos. Una economía puede acabar generando nuevas ocupaciones y, aun así, atravesar una década de deterioro salarial, polarización y ansiedad social. Para quien pierde el empleo a los 45 años, el largo plazo tiene algo de broma pesada.

El segundo: “bastará con formar y reciclar”. La recualificación importa, por supuesto. Pero no es un conjuro. Si el problema es que el incentivo marginal de la empresa sigue empujando a automatizar una tarea más, formar al trabajador desplazado no altera por sí solo esa lógica. Además, no todos los empleos destruidos se convierten mágicamente en puestos mejores. A veces se convierten en menos puestos.

El tercero: “si la productividad sube, los salarios subirán”. Ojalá. La historia reciente demuestra que la transmisión entre productividad y salarios depende de instituciones, poder negociador, estructura empresarial, competencia, regulación y reparto del excedente. No hay una tubería automática entre una cosa y la otra.

El cuarto: “la renta básica resolverá el problema”. Puede amortiguar daños, reducir pobreza y dar suelo material. No es poca cosa. Pero el propio paper subraya un punto incómodo: transferir renta después no corrige necesariamente el incentivo previo a automatizar de más. Es una red, no un volante.

El quinto: “si los trabajadores tuvieran acciones, todo se alinearía”. Suena bien en una presentación. En la práctica, la participación accionarial puede mejorar el reparto en algunos casos, pero tampoco impide que una empresa siga teniendo incentivos a sustituir trabajo si el cálculo privado le favorece. Y, además, convierte parte del salario en exposición al mismo riesgo empresarial que amenaza el empleo. No siempre es emancipación; a veces es concentración de vulnerabilidad.

Si el problema son los incentivos, las soluciones decorativas no bastan

La virtud del paper es obligarnos a mirar donde suele doler menos mirar: el diseño de incentivos. Si la carrera hacia la automatización excesiva es una externalidad de demanda, las respuestas puramente compensatorias llegan tarde o se quedan cortas.

La propuesta más clara del modelo es un impuesto pigouviano a la automatización. Dicho en castellano menos de seminario: gravar aquellas sustituciones tecnológicas que generan un coste social no asumido por quien decide. No un impuesto absurdo contra toda tecnología, no una nostalgia fiscal del fax, sino un mecanismo que encarezca la automatización cuando su rentabilidad privada se apoya en descargar sobre el conjunto el daño derivado de destruir renta salarial.

La idea provoca alergia inmediata porque se interpreta como castigo a la innovación. Pero eso depende de cómo se diseñe. Un impuesto bien planteado no penaliza cualquier mejora tecnológica; penaliza una decisión privada cuyo beneficio contable no incorpora todos sus costes económicos. Hacemos eso con emisiones contaminantes porque entendemos la lógica de la externalidad. Aquí la contaminación no está en el aire, sino en la demanda.

Ahora bien, trasladar esa idea a la realidad española y europea exige mucho más matiz del que cabe en un titular.

Qué podría hacerse para no convertir la IA en una trituradora de demanda

Gravar la sustitución, no la productividad

El debate sobre un “impuesto a los robots” suele fracasar porque plantea mal el objeto. El problema no es que una empresa invierta en software o maquinaria. El problema es cuándo, cómo y con qué efectos sustituye empleo sin asumir el coste social de esa sustitución.

Una vía razonable sería vincular la fiscalidad no a la mera compra de tecnología, sino a determinados procesos de reemplazo neto de trabajo en actividades donde la automatización genera ahorro privado inmediato y un daño social verificable. No es sencillo de medir, pero tampoco imposible si se trabaja con sectores, tamaños de empresa, evolución de plantillas y productividad.

La recaudación debería ir a dos destinos muy concretos: formación útil —no cursos decorativos— y mecanismos de sustitución de renta en transiciones laborales. Si el ajuste va a existir, al menos que no lo pague solo quien pierde.

Reforzar la negociación colectiva sobre tecnología

Aquí la comparación con la afiliación sindical deja de ser una metáfora y pasa a ser política práctica. En muchos centros de trabajo, la introducción de IA se está negociando poco o nada. Se presenta como decisión técnica cuando en realidad redefine cargas, ritmos, evaluaciones, plantillas y poder.

Europa ya ha empezado a moverse con regulación sobre IA y plataformas, pero la pieza laboral sigue siendo insuficiente si no aterriza en convenios y comités de empresa. Hacen falta cláusulas específicas sobre implantación tecnológica: información previa, evaluación de impacto sobre empleo, derecho a auditoría de sistemas, límites a la gestión algorítmica, planes de formación vinculantes y, en ciertos casos, reparto de ganancias de productividad.

No para congelar la innovación, sino para socializar parte de sus beneficios y evitar que toda mejora se traduzca en intensificación del trabajo para unos y expulsión para otros.

Premiar la automatización complementaria, no solo la sustitutiva

No toda IA sustituye. Parte de ella complementa, aumenta capacidad, reduce tareas tediosas y permite hacer mejor el trabajo sin eliminarlo. El problema es que el mercado, por sí solo, puede sesgarse hacia lo sustitutivo si es lo que da retorno más rápido.

La política industrial y fiscal puede corregir eso. Subvenciones, deducciones o financiación pública deberían favorecer proyectos donde la tecnología aumente productividad manteniendo empleo de calidad o creando nuevas funciones. Si el dinero público apoya la digitalización, tiene sentido exigir condiciones sobre empleo, formación y reparto del valor.

Usar el Estado como comprador exigente

Una parte enorme de la economía se orienta por contratación pública. Administraciones, sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, defensa, tecnología. Si el sector público incorpora criterios laborales en sus compras —impacto en empleo, transparencia algorítmica, calidad del trabajo, planes de transición— puede empujar al mercado en otra dirección.

No es una fantasía estatista; es reconocer que el Estado ya moldea mercados, solo que a menudo lo hace sin pedir casi nada a cambio.

Reducir el problema del polizón en la representación laboral

Si aceptamos que la baja afiliación debilita la capacidad de ordenar la transición tecnológica, hay que tomarse en serio los incentivos del lado trabajador. Eso implica modernizar sindicatos, sí, pero también revisar el marco institucional.

Podrían explorarse incentivos fiscales a la afiliación, facilidades reales para la participación en centros de trabajo, protección reforzada frente a represalias, más transparencia sindical y fórmulas de representación adaptadas a empresas pequeñas, autónomos dependientes y trabajadores de plataformas o cadenas de subcontratación. En España, gran parte de la vulnerabilidad laboral no está en la gran fábrica clásica, sino en tejidos atomizados donde organizarse es bastante más difícil.

La pregunta no es si el sindicalismo del siglo XX puede copiarse intacto. La pregunta es quién negocia el uso de la tecnología si la gente que trabaja no tiene organización suficiente para sentarse a la mesa.

La IA no entra en las empresas como un fenómeno natural: entra a través de decisiones de gestión. Y toda decisión de gestión es también una decisión política sobre quién gana tiempo, renta y poder.

El problema europeo: si un país frena solo, teme quedarse atrás

Aquí aparece otra capa del dilema del prisionero. Igual que una empresa teme perder frente a sus rivales si no automatiza, un país teme perder competitividad si regula solo. España, por sí misma, tiene margen limitado para imponer reglas muy exigentes si cree que la inversión se moverá a otra parte. Por eso esta discusión tiene escala europea.

La Unión Europea ya ha demostrado en otros ámbitos que puede fijar estándares globales cuando actúa como mercado regulador grande: protección de datos, competencia, sostenibilidad. Con la IA y el trabajo, la lógica debería ser parecida. Si la automatización sustitutiva genera una externalidad de demanda y de cohesión social, la respuesta fragmentada corre el riesgo de ser demasiado débil.

Un marco europeo podría coordinar fiscalidad mínima sobre ciertos usos, obligaciones de información y consulta, estándares de auditoría laboral de sistemas de IA y fondos comunes para transición ocupacional. No resolvería todo, pero reduciría el incentivo de cada Estado a mirar para otro lado por miedo a quedarse solo con la factura.

Lo que también conviene admitir: no todo encaja en el modelo

Sería un error vender el paper como profecía cerrada. Es un modelo teórico, estilizado, con limitaciones claras: simplifica sectores, asume empresas simétricas, presta poca atención a la creación de nuevas tareas y se centra más en la transición que en un horizonte largo donde la economía puede reconfigurarse.

Eso importa. Porque la historia económica está llena de efectos de segunda ronda, actividades inesperadas y adaptaciones que ningún modelo anticipa del todo. La IA puede abrir nichos nuevos, elevar productividad real y mejorar servicios de formas difíciles de medir hoy. Negarlo sería tan simplista como afirmar que todo irá bien por inercia.

Pero precisamente porque no sabemos cómo se reordenará el sistema, conviene no dejarlo a merced de incentivos cortoplacistas. La lección útil del paper no es “la IA destruirá la economía”, sino algo más sobrio y más urgente: incluso actores racionales pueden empujarse mutuamente a un resultado peor si el marco institucional no corrige sus incentivos.

Y eso, en España, debería sonar familiar. Lo hemos visto en el mercado de la vivienda, en la temporalidad, en la subcontratación, en la carrera de precios a la baja. Decisiones privadas perfectamente comprensibles que, agregadas, fabrican un entorno invivible.

La pregunta de fondo no es tecnológica, sino de coordinación

Quizá la discusión sobre IA se haya planteado mal desde el principio. Como si el problema central fuera si las máquinas podrán hacer nuestro trabajo. La pregunta más útil es otra: qué instituciones tenemos para evitar que decisiones racionales a corto plazo destruyan las condiciones materiales que sostienen la economía a medio plazo.

Ese es el puente entre la empresa que automatiza de más y el trabajador que no se afilia. En ambos casos, el sistema premia conductas que erosionan el bien común del que dependen todos. El empresario captura ahorro y externaliza daño. El trabajador ahorra coste y delega la defensa colectiva en otros. Ninguno actúa necesariamente con maldad. Ambos responden a un entorno que convierte la cooperación en desventaja.

La salida, por tanto, no pasa por pedir virtud individual como si estuviéramos en un sermón. Pasa por rediseñar reglas para que cooperar no sea heroico ni perder poder resulte la opción más rentable.

Eso implica aceptar algo incómodo para la religión del mercado autosuficiente: hay problemas que la competencia no resuelve, sino que agrava. Y también algo incómodo para cierta nostalgia laboral: la defensa del trabajo no puede limitarse a resistir cada cambio tecnológico como si todo pasado hubiera sido digno de conservarse. Lo que toca es más difícil: distinguir entre innovación que libera y automatización que depreda; entre flexibilidad útil y desarme colectivo; entre productividad real y simple traslado de costes al resto.

Si no hacemos ese trabajo político e institucional, la IA puede convertirse en la coartada perfecta para repetir una vieja historia española: ganancias privatizadas, costes socializados y una mayoría preguntándose por qué, si todo era tan eficiente, cada vez llega menos aire.

La tecnología no decide sola. Decide el marco en el que se despliega. Y quizá la pregunta más seria de los próximos años sea esta: si ya sabemos reconocer una trampa cuando la vemos venir, ¿por qué seguimos entrando en ella como si fuera inevitable?