Hay épocas en las que el suelo no se rompe de golpe: simplemente deja de parecer firme. Las noticias se vuelven una mezcla de escándalo, ruido y teatro; mentir apenas tiene coste; las reglas internacionales se invocan como si fueran sagradas hasta que estorban; y la política moral se convierte en un concurso de lealtades.

Revisando el documental 1975, El fin de una era y la película de 1976 Network, un mundo implacable uno tiene la sensación de que el clima que vivimos es similar al que se vivió a mediados de los 70 en EEUU, y le lleva a preguntarse: ¿Qué pasó después?, ¿cómo se salió de aquella sensación de cinismo colectivo?

La sensación no es solo de crisis. Es algo más incómodo: que el mundo sigue funcionando, pero ha dejado de obedecer a las normas que decía respetar. Esa experiencia ya se vivió antes. Y lo inquietante no es tanto el parecido con los años setenta como lo que vino después: no regresó el viejo orden, apareció otro. Más disciplinado en algunas cosas, más cruel en otras, y bastante menos inocente.

La pregunta importante, entonces, no es si estamos repitiendo 1975 como una mala secuela. Es qué secuencia histórica suele seguir a una crisis de legitimidad profunda, por qué la demanda de orden puede acabar en una salida autoritaria o en una reconstrucción democrática, y qué errores no puede permitirse la izquierda si quiere llegar viva a ese cruce.

1975 no fue un paréntesis: fue el final de una inocencia política

La comparación con mediados de los setenta funciona si se hace bien. No porque las circunstancias sean idénticas —no lo son—, sino porque el clima moral se parece demasiado. En Estados Unidos, 1975 condensaba varias fracturas a la vez: Vietnam había triturado la confianza en el poder; Watergate había demostrado que la corrupción no era una desviación marginal sino una práctica incrustada en la presidencia; los conflictos raciales y generacionales seguían abiertos; la delincuencia y la crisis económica alimentaban una sensación de descomposición; y el optimismo de los sesenta ya parecía un objeto arqueológico.

Ese momento tuvo, además, una intuición cultural muy precisa. Network, estrenada en 1976, entendió algo que ahora vemos a diario en versión algoritmo: la indignación no solo desafía al sistema, también puede ser uno de sus mejores negocios. La rabia deja de ser una energía exterior y pasa a ser combustible rentable. El enfado vende. La humillación fideliza. La verdad pierde terreno no solo por censura, sino porque el espectáculo de la distorsión genera más atención que la realidad.

Ahí hay una lección importante para leer el presente. La postverdad no es simplemente una época con más mentiras. La política siempre ha mentido. Lo nuevo es otra cosa: que la mentira deja de ser una infracción costosa y se convierte en una práctica tolerable si refuerza la identidad del grupo propio. No importa si algo es falso; importa si sirve. Y cuando esa lógica se instala, no cae solo la credibilidad de un gobierno o de un líder. Se erosiona la idea misma de que existan hechos compartidos capaces de ordenar el conflicto.

Después del escándalo no volvió la confianza: llegaron las reformas y luego la dureza

Hay una tentación muy humana de imaginar que, tras una gran crisis de normas, las sociedades aprenden la lección y regresan a una versión mejorada de la cordura. Eso no fue lo que ocurrió tras Watergate.

Primero llegó una fase de depuración institucional. Hubo investigaciones públicas, controles sobre los servicios de inteligencia, nuevas reglas sobre privacidad, archivos presidenciales y financiación política. La Comisión Church documentó abusos de la CIA y el FBI que habían permanecido bajo una capa de impunidad patriótica. El sistema, en apariencia, se corrigió a sí mismo.

Pero corregirse no equivale a recuperar legitimidad. De hecho, a veces la reparación confirma el tamaño del daño. Las reformas demostraban que había mecanismos de control, sí, pero también certificaban que los abusos habían sido reales, extensos y estructurales. El resultado fue paradójico: más vigilancia sobre el poder, pero menos confianza en él.

Ese dato importa mucho porque desmonta una fantasía centrista bastante persistente: la idea de que la confianza pública se restaura con pedagogía institucional y algunos retoques normativos. No basta. La gente no vuelve a creer en las reglas porque le expliquen mejor las reglas. Vuelve a creer —si vuelve— cuando percibe que las instituciones limitan de verdad a los poderosos y, sobre todo, cuando su vida cotidiana deja de parecer una prueba de resistencia.

Y ahí entró la segunda fase. A finales de los setenta, el escándalo moral convivía con algo más decisivo para millones de personas: inflación, desempleo, crisis energética, sensación de decadencia internacional, gobierno impotente. En 1979 la inflación superó el 11% en Estados Unidos. Paul Volcker, al frente de la Reserva Federal, impuso una política monetaria durísima que provocó recesiones en 1980 y 1981-82, pero consiguió frenar la inflación.

La secuencia fue brutal y aleccionadora. Primero, una crisis de legitimidad. Luego, reformas. Después, una demanda de eficacia material. Y finalmente, una oferta política capaz de traducir ese deseo de control en un nuevo relato moral.

Reagan no restauró el viejo mundo: inventó otro

La victoria de Reagan en 1980 suele contarse como un giro conservador, pero conviene afinar más. No fue una simple vuelta al pasado. Fue la construcción de un orden nuevo que supo presentarse como restauración.

Ese orden combinó tres elementos. Uno: autoridad simbólica, orgullo nacional, claridad moral. Dos: disciplina económica, mercado, desregulación, ofensiva contra el poder sindical y contención de la inflación a cualquier coste social. Tres: reacción cultural frente a los cambios de los sesenta y setenta.

La fórmula era poderosa porque respondía a una necesidad emocional y material al mismo tiempo. No prometía reconciliar a una sociedad fragmentada mediante una verdad compartida. Prometía algo más sencillo y políticamente más eficaz: que alguien volvería a mandar, que las fronteras entre orden y caos serían visibles, y que el país dejaría de sentirse humillado.

La gente no recupera la confianza porque le expliquen mejor la democracia, sino cuando vuelve a notar que la realidad tiene bordes: que el dinero vale, que las reglas muerden y que el poder puede perder.

Ese es un punto incómodo para cualquier mirada progresista. Cuando una sociedad sale de una crisis de legitimidad, no siempre premia al bloque que mejor diagnosticó la injusticia. A menudo premia al que ofrece una sensación más convincente de dirección. La derecha ha entendido muchas veces esta gramática antes que la izquierda: en momentos de desorden, las promesas de complejidad pierden terreno frente a los marcos de claridad, incluso cuando esa claridad simplifica, excluye o miente.

La llamada Gran Moderación, desde mediados de los ochenta hasta 2007, dio la impresión de que aquel nuevo orden había funcionado. Inflación más baja, ciclos menos bruscos, una cierta estabilidad macroeconómica. Pero la normalidad era parcial. La confianza institucional no volvió a los niveles de la posguerra. Lo que se estabilizó fue la superficie. Debajo seguían intactas varias grietas: desigualdad creciente, financiarización, debilitamiento sindical, concentración mediática y una idea de ciudadanía cada vez más subordinada al mercado.

No se resolvió la crisis de legitimidad. Se la encapsuló dentro de un régimen que ofrecía orden económico y relato nacional suficientes para que no pareciera urgente.

La diferencia decisiva con el presente: ya no hay una esfera pública común

Si la comparación con los setenta sirve, también tiene límites. Y el principal es este: entonces todavía existía algo parecido a un espacio público compartido. Los grandes medios podían mentir, sesgar o callar, pero seguían operando dentro de una arquitectura común de realidad. Había árbitros discutidos, no infinitos universos paralelos.

Ese suelo hoy está mucho más roto. La fragmentación informativa, la lógica de plataforma y la economía de la atención han creado ecosistemas donde grupos enteros viven dentro de relatos incompatibles entre sí. No es solo polarización. Es disolución del terreno común donde la polarización podía discutirse.

Por eso la salida actual será probablemente más lenta y más turbia que la de los setenta. Entonces, mentir podía tener un coste político si una investigación, una comisión o una cadena de televisión conseguían fijar públicamente los hechos. Ahora, incluso la prueba puede quedar neutralizada por la saturación, la tribalización o la simple fatiga. El escándalo dura unas horas. La refutación circula menos que el bulo. La desmentida ya no repara el daño; apenas compite con él.

A eso se añade otra diferencia: la crisis de reglas internacionales. Durante décadas, el orden liberal occidental se presentó como un sistema basado en normas, instituciones multilaterales y cierta coherencia moral. Esa ficción siempre tuvo zonas de hipocresía evidentes —intervenciones selectivas, dobles estándares, alianzas convenientes con autócratas—, pero mantenía una apariencia de universalidad. Cuando esa apariencia se resquebraja del todo, el daño no es solo diplomático. También es interno. Si las reglas globales parecen aplicarse según la fuerza o la conveniencia, ¿por qué la ciudadanía iba a creer que las reglas domésticas son otra cosa que un decorado?

La descomposición moral del orden internacional y la postverdad interna se alimentan mutuamente. Una enseña que la ley depende del poder. La otra, que la verdad depende del bando.

Lo que suele venir después del cinismo: hambre de límite, de sanción y de realidad

Hay una secuencia histórica bastante reconocible en las crisis largas de legitimidad. Primero llega el escándalo. Luego la saturación. Después, el agotamiento.

Al principio, la indignación moviliza. Más tarde, desgasta. Llega un momento en que incluso quienes participan en la guerra cultural empiezan a percibirla como una forma de intemperie permanente. Todo el mundo opina, nadie cree, cada bando denuncia la manipulación del otro mientras normaliza la propia. Y entonces aparece un deseo muy concreto: que alguien vuelva a poner límites.

Ese deseo puede expresarse de dos maneras.

La primera es democrática: reconstruir reglas que obliguen también a los vencedores, reforzar instituciones independientes, hacer verificables los hechos, castigar la corrupción propia y ajena, y demostrar con resultados materiales que el Estado no es solo una máquina de discursos. Es una salida más lenta, menos espectacular y más exigente.

La segunda es autoritaria: ofrecer orden rápido a cambio de lealtad, sustituir verdad por obediencia, simplificar el conflicto en términos morales absolutos y convertir la fatiga ciudadana en permiso para concentrar poder. Es una salida más teatral, más adictiva y, en el corto plazo, más fácil de vender.

Cuando las normas dejan de parecer creíbles, la demanda de orden no desaparece: cambia de manos. Y casi nunca espera a que la izquierda termine su seminario interno.

El error sería pensar que la alternativa autoritaria triunfa solo por ignorancia o manipulación. Triunfa también porque toca una necesidad real: la de vivir en un mundo donde las cosas tengan consecuencias. Donde mentir penalice. Donde robar poder cueste. Donde la inseguridad, la inflación, la vivienda o la degradación de los servicios no se respondan con un hilo de X y una apelación abstracta a los valores democráticos.

La democracia no compite únicamente en el plano moral. Compite en capacidad de ordenar la vida común sin aplastarla.

Qué debería entender la izquierda si quiere salir airosa

Aquí es donde la discusión deja de ser histórica y se vuelve estratégica. Si la izquierda quiere atravesar esta época sin quedar reducida a una mezcla de superioridad moral y melancolía, necesita asumir varias cosas incómodas.

No basta con tener razón sobre el diagnóstico moral

Se puede describir con precisión la hipocresía del orden internacional, la desigualdad, la captura corporativa del Estado o la maquinaria de desinformación y, aun así, perder. De hecho, ha ocurrido muchas veces. Tener razón sobre las causas del malestar no garantiza ofrecer una salida que la mayoría perciba como creíble.

Una parte de la izquierda ha confundido durante demasiado tiempo el desenmascaramiento con la construcción de poder. Señalar contradicciones es necesario, pero no suficiente. Un electorado cansado del desorden no premia automáticamente a quien mejor nombra las grietas; busca a quien parece capaz de cerrarlas sin hundir el edificio.

La defensa de las normas exige aplicarlas también a los propios

No hay reconstrucción democrática si las reglas solo sirven para castigar al adversario. La ciudadanía detecta enseguida la moral selectiva. Si la corrupción es intolerable, lo es también cuando perjudica al bloque propio. Si la desinformación destruye la vida pública, no puede relativizarse cuando resulta útil. Si se defiende el derecho internacional, no vale modularlo según quién bombardea.

Esto parece obvio, pero es justamente donde se pierde credibilidad. La izquierda no puede pedir confianza en las instituciones mientras practica una indulgencia táctica con sus propias faltas. Las normas empiezan a recuperar valor cuando vuelven a tener coste real. Electoral, judicial, reputacional, interno.

La verdad no regresa por una conversión moral colectiva; regresa cuando mentir vuelve a salir caro.

El orden material importa tanto como el relato

Hay una tendencia progresista a considerar que hablar de orden, seguridad o autoridad equivale a hacer concesiones a la derecha. Es un error de primer nivel. La pregunta no es si la sociedad desea orden; lo desea siempre. La pregunta es quién define ese orden y al servicio de quién se organiza.

Si la izquierda abandona ese terreno, la derecha lo ocupará con su versión preferida: más castigo para los de abajo, más impunidad para los de arriba y mucha épica de frontera moral. Pero existe otra posibilidad: un orden democrático basado en vivienda accesible, salarios que no se evaporen, sanidad y educación que funcionen, transporte digno, burocracias que respondan, corrupción perseguida y seguridad entendida también como protección social.

La confianza pública no se recompone en seminarios sobre resiliencia cívica. Se recompone cuando una persona nota que puede alquilar sin dejar medio sueldo, conseguir una cita médica sin atravesar un laberinto y vivir sin la sensación de que cualquier imprevisto la empuja al borde.

No se puede combatir la postverdad solo con fact-checking

La verificación es necesaria, pero insuficiente. En un ecosistema fragmentado, los hechos compiten con identidades, agravios y recompensas emocionales. La izquierda necesita reconstruir mediaciones: medios solventes, organizaciones sociales, espacios de encuentro, cultura política compartida. Necesita también aprender a narrar sin falsificar, algo que parece sencillo y es dificilísimo.

La derecha radical ha entendido que una mentira eficaz no se impone por su plausibilidad, sino por la comunidad que crea. Frente a eso, no basta con corregir datos. Hay que ofrecer marcos de sentido, pertenencia y horizonte. Si no, la verdad queda reducida a una nota al pie en medio del incendio.

La complejidad no puede ser una coartada para la impotencia

La realidad es compleja. Pero convertir esa complejidad en estilo político permanente produce un efecto devastador: transmite que todo problema tiene tantas aristas que nadie puede resolverlo. Y cuando la política democrática parece administradora de impotencias, la simplificación autoritaria gana atractivo.

La izquierda no debería copiar la brutalidad del mensaje reaccionario, pero sí aprender una lección elemental: gobernar también es jerarquizar, decidir, señalar prioridades y asumir conflicto. No todo puede presentarse como un equilibrio delicado entre actores legítimos. Hay intereses incompatibles. Hay rentas que recortar. Hay poderes que limitar. Hay sectores que perderán privilegios si otros ganan derechos.

La moderación útil no es la que evita nombrar el conflicto. Es la que sabe conducirlo sin incendiarlo todo.

Internacionalismo sin ingenuidad

La crisis actual no es solo doméstica. Las normas internacionales están en disputa abierta. La izquierda haría mal en responder con moralismo abstracto o con un realismo cínico de saldo. Necesita algo más difícil: defender reglas universales sabiendo que nunca se han aplicado de forma universal.

Eso implica denunciar dobles raseros sin caer en el “todos lo hacen” que vacía cualquier criterio. Implica sostener el derecho internacional incluso cuando incomoda a aliados. E implica entender que la credibilidad exterior y la interior se tocan: un bloque político que relativiza las normas globales cuando le conviene está enseñando a su propia sociedad que las normas son negociables.

No prometer redención, sí fiabilidad

Quizá uno de los aprendizajes más duros de los años setenta sea este: las sociedades no salen de una crisis de legitimidad hacia un mundo reconciliado. Salen, si tienen suerte, hacia un orden más estable, más previsible y algo menos hipócrita. Pedir unanimidad moral es una fantasía. Lo que puede reconstruirse es algo más modesto y más valioso: un marco civilizado donde los hechos importen lo suficiente, los procedimientos sean previsibles y el poder encuentre límites efectivos.

La izquierda debería aspirar a eso. No a parecer el lado puro de la historia, sino el lado fiable. El que no promete paraísos, pero sí instituciones que funcionen. El que no idealiza el conflicto, pero tampoco lo tapa con tecnocracia. El que entiende que la ciudadanía no necesita sermones sobre virtud pública, sino pruebas de que las reglas vuelven a significar algo.

Ese trabajo es menos excitante que la indignación y menos rentable que el escándalo. No cabe bien en un clip. No produce éxtasis identitario. Pero es, probablemente, la única forma de evitar que del cansancio con el caos nazca un orden peor.

Porque eso también lo enseñan los setenta: del descrédito del viejo mundo no nace automáticamente algo mejor. A veces nace un régimen más duro, más desigual y mucho más hábil para llamar normalidad a la obediencia. La cuestión no es si volverán las reglas. La cuestión es quién las escribirá, a quién protegerán y quién pagará el precio de ese nuevo orden.

Todavía estamos a tiempo de discutirlo antes de que nos lo presenten como destino.